sábado, 5 de julio de 2014

NOTICIAS DE FENE


La pregunta del alcalde Gumersindo Galego es :

¿Si tan malos son los presupuestos de 2013 y 2014 por que la oposición no introduce enmiendas parciales o a la totalidad que los modifiquen y que siempre van a salir adelante con su mayoría?



Es algo que deben explicar a los vecinos. Si no son capaces de apoyarse en los últimos plenos en dos mociones que presentaron para la reforma constitucional y la instauración de la república como van a ser capaces acordar la modificación de unos simples presupuestos municipales. A juicio del alcalde es la patética manifestación de la incompetencia.

El gobierno de Fene aprobará el próximo lunes en Junta de Gobierno los presupuestos para el año 2014.

Gracias a la posibilidad de aprobar los presupuestos en Junta de Gobierno los vecinos de Fene podrán tener inversión por más de 700.000 euros, aumento de 200.000 en servicios sociales, pagar lo que se debía por juicios anteriores, mas de 200.000 euros (seguridad social del director del museo del humor 102.000 euros, empresa de gestión catastral de 70.000 euros, trabajadores de radio fusión 43.000 euros) y tener una nueva escuela infantil en Barallobre o inversiones en carreteras aglomeradas como Almieiras, Campanario, Boado, Revolto de Barallobre, Xunqueira, Ladeiro, Rua Baixa, Camiño de Orra, Camiño de San Xía, y aceras de Marqués de Figueroa.  

La deuda bancaria que todos los años merma el presupuesto en 450.000 por préstamos anteriores a 2007 o la ya pagada a los proveedores en 2011 de más de 900.000 euros.

El plan de empleo y los obradoiros de emprego que la  Xunta viene concediendo desde hace tres años siguen presentes en el presupuesto y van a permitir dar empleo a más de  26 personas.

Las ayudas de emergencia social crecen más de un 25 % y el convenio con Caritas facilitará el acceso inmediato a necesidades básicas.

Pese a los argumentos de la oposición de falta de inversión y escaso aumento del gasto social. La estrategia no es otra que ahogar al gobierno económicamente y al máximo un año antes de las elecciones locales, sin importar las consecuencias que la falta de inversión provoca en las obras y en los servicios.








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